En un artículo anterior publicado en este blog (Sin miedo a rebelarnos, abril 2018), incidimos en la necesidad que tenemos las empresas de limpieza de defender nuestra razón cuando nos corresponde. Aunque ello implique enfrentarnos a las administraciones públicas o a grandes compañías todopoderosas. Debemos hacerlo, en primer lugar, por nosotros mismos. Pero también por el sector, para que conserve intacta su dignidad y para evitar que las malas conductas o las injusticias ajenas sigan colocando enormes adoquines en una mochila ya de por sí muy cargada.

Hoy vamos a compartir con vosotros una situación similar en la que tampoco hemos cedido. Hemos vuelto a adoptar esa actitud imprescindible de David contra Goliat y, de nuevo, porque teníamos razón, hemos salido victoriosos.

Antecedentes de lo sucedido

En el año 2016 contamos con una media anual de 260 empleados. Uno de ellos, perteneciente a un centro en el que teníamos alrededor de 20 trabajadores, decidió acudir a Inspección de Trabajo y denunciar que nos retrasábamos al pagarle la nómina. Nunca hemos entendido esa actitud hostil, beligerante, hacia la empresa que te está abonando el salario y proporcionándote trabajo, cuando ambas partes deberíamos ir juntas de la mano. En fin, el caso es que lo hizo.

¿Cuáles fueron los hechos? Nuestro convenio establece la obligación de cobrar las nóminas antes del día 5 de cada mes. Es cierto que, en cinco de los doce meses de ese año, nos retrasamos dos o tres días, como mucho, en los abonos de ese centro. En la mayoría de las ocasiones ocurrió porque el 4 y el 5 cayeron en fin de semana, por lo que hubo que tramitar la remesa el primer día hábil siguiente.

Pues bien, el celoso inspector de trabajo asignado se descolgó imponiéndonos una sanción de 6251 euros por una infracción que calificó como muy grave. Más allá de la injusticia que sufrimos, pensamos que el sentido común debe imperar siempre por encima de la burocracia y el cumplimiento irracional de la normativa. Y es necesario considerar, además, que un gasto imprevisto de esta magnitud siempre es un mazazo para la viabilidad de cualquier empresa. Ya lo anticipó un célebre economista: «Sr. Inspector: yo soy el pan, usted el cuchillo. Corte por donde le parezca». Es decir, aunque tengamos la razón y todo esté perfectamente en regla… cuando llega el inspector siempre nos amputa.

¿De verdad alguien puede considerar que el hecho de que 15 o 20 trabajadores, dentro de una empresa de 260, tarden un par de días en recibir su nómina es una infracción gravísima? La paradoja, por otra parte, es sumamente dolorosa: uno de nuestros principales clientes en 2016 era el Gobierno de Aragón… y nos generó retrasos de meses —no de días— al abonarnos sus facturas. Es decir, la misma institución que nos multa por un retraso de dos días, tardó meses en abonarnos sus importes.

No nos conformamos

Somos Rodila Plus… y no nos resignamos. Movidos por la indignación, la rabia y el amor propio recurrimos judicialmente la sanción. Y, la semana pasada, recibimos la sentencia favorable: ¡nos devuelven el dinero más los intereses!

Dicha sentencia recoge en sus fundamentos jurídicos que el importe de los retrasos detectados es ínfimo en relación con la sanción impuesta y estos apuntan más a problemas administrativos internos de la empresa o bancarios que a una voluntad de retardo. Por todo ello, el juez ha decidido condenar a la administración demandada a devolver el importe percibido más el interés legal del dinero.

Y aunque nos han dado, de nuevo, la razón, no estamos contentos. Hemos tenido que invertir mucho tiempo, esfuerzo, recursos y energía, en un ámbito de abogacía que no nos corresponde, para conseguir, simplemente, recuperar lo que era nuestro. Habríamos preferido concentrar esos esfuerzos en trabajar en lo nuestro, realizando las tareas propias de las empresas de limpieza, en vez de tener que andar defendiéndonos de la administración. Hemos ganado una sentencia, pero hemos perdido más por el camino. Alguien debería replantearse estas cosas. Y no somos nosotros.